Empresa de seguridad registró de manera ilegal más de 900 armas
Tanto los Fiscales del Ministerio Publico y los agentes de la Policía Nacional Civil, desarticularon a una red que venía operando en la empresa de seguridad privada 24, que operaba en forma ilegal, para registrar 900 armas de fuego, hoy durante 368 allanamientos se logró la detencion de ocho personas entre ellos la cabecilla de la estructura criminal, María Teresa Soto Gonzáles.
También fueron detenidos otros miembros de ka organización, Jorge Mario Hernández Huertas, Mario Rolando Palacios Meléndez, Marleny Consuelo Morataya, Juan Ramón Ferro Herrera, Edgar Orlando Guzmán Socop, Jorge Adolfo Samayoa Rosales y Juan Carlos Berlus Díaz.
En conferencia de prensa en el Ministerio Público, se dio a conocer que en las investigaciones preliminares que documentó la Fiscalía, se estableció que el grupo criminal utilizó procedimientos ilegales en donde se atribuyó la propiedad de la empresa Seguridad 24 Soto González, para prestar servicios de seguridad privada mediante la entidad Continental Security Sociedad Anónima.
A través las pesquisas efectuadas por kas autoridades del Ministerio Público, se determinó que la empresa Seguridad 24 se encuentra a nombre de Edgar Saúl Hernández Reyes, quien fue asesinado a tiros el 26 de octubre de 2009. Sin embargo el grupo criminal utilizó documentos falsificados para registrar 900 armas de fuego ante la Dirección General de Control de Armas y Municiones (DIGECAM) a nombre del fallecido.
Todo lo anterior fue realizado para obtener beneficios económicos, según se determinó mediante un análisis financiero.
Tras la muerte de Hernández Reyes, la entidad fue vendida el 15 de febrero de 2011, según consta en el mandato que el fallecido le entregó a María Teresa Soto González, quien asumió como mandataria general y especial con representación, que utilizó el 14 de julio de 2014 para la compa-venta de 209 armas de fuego por un valor de Q.41 mil 800, de la empresa Shield Security, propiedad de Agustín Camelino López Alvarado.
Como seguimiento a la investigación, la fiscalía cuenta con suficientes elementos para acreditar a la estructura criminal los delitos de asociación ilícita, prestación ilegal de servicios de seguridad privada, falsedad ideológica y uso de documentos falsificados.
El operativo se realizó en los departamentos de: Alta Verapaz, Baja Verapaz, Chimaltenango, El Progreso, Escuintla, Guatemala, Izabal, Jalapa, Quetzaltenango, Quiché, Retalhuleu, Sacatepéquez, San Marcos, Santa Rosa, Sololá, Suchitepéquez y Zacapa.
Los 368 allanamientos fueron dirigidos por 485 fiscales, 30 técnicos en investigaciones criminalísticas del Departamento de Recolección de Evidencias de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas, quienes contaron con el apoyo de 2 mil 852 agentes de la Policía Nacional Civil que fueron transportados en 395 unidades policiales