Corrupción tamaño familiar
Las autoridades practicaron varios allanamientos que dieron como resultado positivo la captura de 18 personas implicadas en el caso de corrupción conocido denominado “Municipalidad de Chinautla: un negocio de familia”.
Según las investigaciones, Arnoldo Medrano, exalcalde de Chinautla y la familia de su esposa, son señalados de apropiarse de una millonaria suma de quetzales mediante la realización de operaciones fraudulentas durante su prolongada permanencia al frente de la comuna chinautleca, en las cuales destaca la creación de varias empresas de cartón, a través de las cuales habrían obtenido de manera ilegítima siete contratos de la comuna.
Es necesario destacar que la estructura criminal dedicada a los ilícitos se conformaba mayormente por familiares políticos del exalcalde, lo que resalta la necesidad de realizar una revisión exhaustiva del personal contratado por las corporaciones municipales y así prevenir el nepotismo y otros potenciales focos de corrupción y saqueo.
Guatemala necesita con urgencia, que la lucha contra la corrupción continúe en favor de toda el pueblo, persiguiendo y castigando a los responsables de apropiarse de los recursos del Estado o haciendo uso de los mismos para lavar dinero, producto de actividades ilícitas.
Es necesario perseverar en la lucha anticorrupción y continuar la persecución contra exfuncionarios y excolaboradores, así como de las autoridades actuales (si lo amerita el caso), a efecto de lograr una administración pública transparente donde se garantice la calidad del gasto público, sin favoritismos ni privilegios de ninguna clase, desperdiciando los recursos municipales, con el fin de generar su propio beneficio.
Aunque el el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional con
tra la Impunidad en Guatemala (CICIG) les acusa de varios ilícitos, estas entidades deberán presentar oportunamente las pruebas que vinculen a los detenidos al caso en mención. Y son, las autoridades de justicia, quiénes tendrán en sus manos la delicada labor de establecer las responsabilidades y las penas de cada uno de los integrantes de la estructura criminal, sancionándoles con todo el peso de la ley, de ser hallados responsables.