¿Y después de las capturas?
Producto del esfuerzo y la coordinación de las fuerzas de seguridad, fue desarticulada una peligrosa estructura criminal conocida como «Los Buitres».
En una serie de allanamientos practicados por las fuerzas policiales, capturaron a 17 personas vinculadas con las actividades criminales de una banda que se dedicaba principalmente al secuestro de comerciantes, prestamistas y otras personas con capacidad económica para realizar el pago de los rescates que exigían y que de no hacer efectivo, no dudaban en privar de la vida a quienes plagiaban.
Aunque vale destacar el esfuerzo realizado por las fuerzas policiales al desarticular esta peligrosa banda, cabe señalar que lograr las capturas no basta, si los detenidos guardarán prisión en centros de privación de libertad con seguridad vulnerable, como se ha venido evidenciando recientemente, tras diversos motines ocurridos en distintos centros carcelarios del país.
Es preciso que las autoridades del Sistema Penitenciario concentren sus esfuerzos en garantizar la seguridad de las prisiones tanto preventivas, como de cumplimiento de condena incomunicando a los internos y revisando los protocolos de seguridad, constantemente, para que los mismos no sean burlados por los reos.
Paralelamente a las capturas, también resalta la necesidad de que el Ministerio Público respalde debidamente las acusaciones en contra de los presuntos responsables de integrar la estructura criminal, a efecto de que las autoridades de justicia determinen la culpabilidad de los detenidos y les sancionen de conformidad con la ley, garantizando su permanencia en la prisión hasta que cumplan la totalidad de su condena si resultan culpables.
No obstante, es valioso el aporte a la seguridad del país la captura de los integrantes de esta estructura criminal, pero es preciso establecer mecanismos destinados a prevenir la existencia de estas agrupaciones criminales que más allá del daño económico que provocan a sus víctimas, les producen secuelas emocionales de por vida, por lo que resulta muy importante que las acciones tomadas en contra del crimen organizado produzcan resultados positivos pero siempre de conformidad con el debido proceso y la presunción de inocencia, garantizados en nuestra Constitución Política.