Editorial

Una tragedia anunciada

Lo ocurrido ayer en la “Casa Hogar Seguro Virgen de la Asunción”, ubicada en aldea El Platanar, San José Pinula, Guatemala, pudo haberse evitado, si tan solo las autoridades y los jueces que tienen a su cargo este tipo de procesos hubieran puesto la atención debida y no hacerse  “los locos”, como popularmente se dice.

La muerte de 21 adolescentes, niñas todas, no debe quedar en el olvido, es necesario que incluso la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) se involucre en tratar de resolver qué pasó en ese lugar. Las denuncias de los malos tratos, mala alimentación, acoso sexual y violaciones, tanto a las niñas como a los niños, se venían dando en dicho lugar desde el año pasado, desde el mes de octubre, cuando desaparecieron 40 menores, y luego en noviembre se fueron otros, que buscaban salir del calvario que se había convertido estar en dicho centro.

Y antenoche se produjo una nueva acción de rebelarse por parte de los jóvenes, y en lugar de protegerlos lo que hicieron los encargados fue meterlos de nuevo a ese lugar, hoy conocido como “La Casa del Terror”, y el desenlace fatal vino en la madrugada, cuando se inició el incendio, y ninguno de los monitores, ninguno, se tomó la molestia de abrir las puertas del área donde se encontraban las jovencitas para que salieran.

El saldo, hasta el cierre de esta edición, es de 21 adolescentes muertas. Lo curioso, porque el hecho se centró solo en las mujercitas que estaban en ese lugar, es que se suponía  las iban a proteger, y no cumplieron con ese cometido. Hay muchas preguntas en el ambiente,  como por qué se dan los incidentes tras un intento de buscar salir de ese lugar una  noche antes. ¿Qué se busca esconder? Muchas son las quejas de vulnerabilidad de los derechos de los niños y adolescentes en ese lugar.

Incluso, hasta se especula de una red de trata de menores, lo cual es grave, pero para que no hayan suspicacias es urgente que se localice a todas las menores que se “fugaron” entre octubre y noviembre de 2016, y que todos los encargados y monitores sean debidamente investigados. La muerte de las 21 jovencitas no debe quedar en el olvido, y declarar tres días de duelo nacional por parte del Gobierno es bueno, porque muestra que hay sentimientos, pero también se debe exigir que se aclare lo ocurrido y los responsables, si los hubiera, sean llevados ante la justicia.

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