Editorial

Prueba de fuego para la justicia

Con cada día que pasa, las cosas se ponen candentes para la justicia guatemalteca, pues ahora tanto el juez Adrián Rodríguez, titular del Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal, como el Ministerio Público (MP), tienen de nuevo una brasa en las manos, como lo es el caso de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Blanca Stalling, quien fue ligada a proceso por el delito de tráfico de influencias.

Ya que, según la acusación del MP, Stalling usó sus facultades para ejercer presión sobre el juez Carlos Ruano, a cargo del Tribunal  Noveno de Sentencia, quien tenía a su cargo el caso de su hijo, Otto Molina Stalling, acusado de asociación ilícita y cobro de comisiones en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), en el caso “IGSS-Pisa”, para que lo beneficiara y no fuera tan severo con él.

Pero Ruano, para evitar verse involucrado en algo ilícito, decidió denunciarla, y ahora la magistrada se encuentra en el banquillo de los acusados. Ayer, como primera medida, y muy acertada, el juzgador aceptó la petición de la parte acusadora y envió a prisión preventiva a la togada, a efecto de evitar que pueda fugarse, porque a como se estaba comportando antes de ser detenida, se corría el riesgo de que pusiera “tierra de por medio” y no la volvieran a ver.

Pues si antes de ser capturada se tomó la molestia de intentar alterar su vestimenta y apariencia, al haberse colocado una peluca, no arreglarse para salir a la calle e intentar pasar desapercibida, imagínense si la dejan en libertad.

Para el MP es un reto, porque tiene la obligación de sustentar un buen caso, y que no se les vaya a caer, como ha pasado en otras ocasiones, y sustentar bien su acusación, a efecto de que el juez Rodríguez tenga sufi cientes elementos para elevar a juicio oral a la magistrada.

Es una nueva prueba de fuego para la ley en Guatemala, para demostrar extirpar ya ese mal antiguo y muy enraizado en las instituciones del Estado, la corrupción, la cual sigue dañando al país.

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