Ojalá sea una buena medida

La publicación en el diario oficial de la Ley de Implementación de Control Telemático, la cual estaría vigente a nivel nacional, en apariencia podría ser una buena medida, ya que con ello se estaría liberando a las más de 20 cárceles del país del hacinamiento en que se encuentran los presos.

Lo fuerte de este amontonamiento en las prisiones es que presos comunes están siendo mezclados con reos de alta peligrosidad, lo cual no solo significa un grave riesgo para los primeros, sino que se ven sometidos a extorsiones en la cárcel, al pago de la conocida “talacha” y, si no la cancela, el interno recién llegado la pasa muy mal, sin que las autoridades del Sistema Penitenciario (SP) puedan hacer algo, pues muchas veces forman parte de este círculo de corrupción.

En fin, es otro tema álgido que tiene entre manos el director del SP. Pero lo que ahora nos concierne es que la utilización de esta tecnología, definida en la nueva ley, para la cual se pueden utilizar pulseras, tobilleras, brazaletes, o cualquier dispositivo electrónico que será controlado por GPS. Muchos actualmente presos esperan con ansías que los jueces pongan en marcha este plan, pero primero deberán esperar que las autoridades del Ministerio de Gobernación, bajo cuya tutela estará el monitoreo, cree la Unidad de Control Telemático.

Lo otro es que deberán buscarse los fondos necesarios, no solo para el funcionamiento, equipamiento y la adquisición de miles, porque no son cientos, sino de miles de este tipo de aparatos, además, qué empresa proveerá el servicio a las autoridades, y descartar que la misma no pueda ser infiltrada por la mafia, las maras y la delincuencia para desactivar y activar a conveniencia, sin que se den cuenta del control sobre determinadas personas.

Falta mucho para que esta ley sea totalmente eficaz y de servicio, para las personas que por azares del destino han ido a caer al “infierno” que son hoy por hoy los centros de detención. Claro está que quienes deben ser excluidos de forma definitiva de este beneficio son los mareros, los asesinos, los narcos y los funcionarios detenidos por corrupción, quienes deben seguir guardando prisión, pues constituyen un claro peligro para la sociedad.

 

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