El IGSS entre la telaraña de la corrupción
Desabastecimiento de medicamentos, precaria e insuficiente infraestructura, reprochable atención y corrupción tienen cuesta arriba al seguro social.
El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) es el segundo proveedor de servicios de salud en Guatemala, tan solo después del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), pero para nadie es un secreto que se ha convertido en la institución de salud más denunciada ante la Defensoría de la Salud de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).
Hasta el viernes pasado el IGSS tenía 301 querellas de 452 presentadas entre enero y los primeros 10 días de junio de 2016 contra entidades de salud, es decir, el 67% de estas.
En 2015 se hizo del 68% de todos los señalamientos contra los servicios de salud.
La mayor cantidad de denuncias son por desabastecimiento de medicamentos, le siguen aquellas vinculadas a negligencia médica y mala calidad en la atención.
Así, el índice de insatisfacción entre los no menos de 1.2 millones de afiliados al Seguro Social es del 80%, asegura la doctora Zulma Calderón, jefa de supervisión hospitalaria de la PDH.
“La predominancia del sector privado en las consultas es un indicativo de la percepción de la calidad de los servicios (públicos) ya que, muchas personas, incluso, teniendo acceso a algún establecimiento público de salud prefieren acudir a centros privados. También es el caso de personas aseguradas por el IGSS, que aún estando cubiertas, prefieren acudir al sector privado”, explica el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) en su informe Sector Salud en Guatemala.
Pero el triste devenir del IGSS no termina con la reprochable atención, evidente y sensible entre sus beneficiarios.
Galopante corrupción
Uno de los problemas es que históricamente el Seguro Social ha sido visto como “un botín político”, reflexiona Edgar Balsells, representante de la Universidad de San Carlos (Usac) ante la Junta Directiva del IGSS, al ser consultado sobre la situación de la institución.
“Especialmente cuando de compra de medicamentos se trata”, añade la funcionaria de la PDH.
Estas consideraciones no son para menos. Si bien hasta hace unos meses no era sino solo un secreto a voces el amañamiento de compras y contrataciones en el Instituto, el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) han probado que existen sendas estructuras criminales enquistadas en la institución, mismas que operan en distintas jurisdicciones, e incluso, desde las más altas esferas de la entidad.
Otras objeciones
Aun desvelados y denunciados estos hechos, las objeciones sobre compras en el IGSS siguen a la orden del día.
En febrero pasado la Contraloría General de Cuentas (CGC) presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra la actual Junta Directiva del IGSS por la adquisición con un sobreprecio de Q10.5 millones del “derecho de uso, soporte técnico, actualización e instalación de licencias perpetuas de manejador de base de datos”.
Esta anomalía había sido denunciada por el matutino El Periódico.
También, en el Informe de Auditoría a la Liquidación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, Ejercicio Fiscal 2015, la CGC resalta la intervención preventiva por representar un “eventual menoscabo en los recursos del Estado”, a la ejecución del proyecto “Ciudad de la Salud” que el Instituto tenía en marcha.
“Si bien es cierto que la inversión en salud es necesaria, no es correcto y legal que solamente una empresa sea contratada para planificar, construir y equipar un conjunto de hospitales denominados Ciudad de la Salud”, recuerda la Contraloría en el citado documento, recién hecho público.
El valor del mencionado proyecto representaría un desembolso de Q3 millardos.
“Mientras tanto tenemos en riesgo a más de un millón de afiliados por no recibir medicinas”, puntualiza la jefa de supervisión hospitalaria de la defensoría de la salud.
Las medicinas, dónde están
Según la jefa de supervisión hospitalaria de la PDH, el tema más sensible para los afiliados es la carencia de medicamentos, lo cual provoca que si bien estos sean atendidos, no puedan acceder inmediatamente a los fármacos.
En abril pasado faltaban 83 medicamentos del listado de productos básicos, en su mayoría para pacientes con cáncer, refiere la Procuraduría.
Así, ante la agudizada carencia de medicinas, el Seguro Social se encuentra estudiando el aprovisionamiento de fármacos por medio de la Oficina para Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS, por sus siglas en inglés), consideración que ya ha sido objetada por la Contraloría General de Cuentas.
En relación con este tema, el presidente de la Junta Directiva del IGSS, Carlos Contreras, hizo ver que la adquisición mediante la UNOPS, “no solo es que ellos hagan las compras, sino que nos apoyarán a revisar procesos de compras a certificar y calificar a todo el personal, a buscar una solución al tema de abastecimientos; así que mientras encaminamos todos los procesos, capacitamos y certificamos a todo el personal, UNOPS se encargará de las compras y con eso el personal médico y de enfermería se dedicará a atender a nuestros afiliados y no a participar en juntas de licitación que demanda sean retirados de sus funciones para atender actividades de adquisiciones”.
Mientras tanto la diputada Nineth Montenegro denunció el pasado martes que el 99% de los medicamentos adquiridos por el IGSS hasta ahora se han hecho mediante compras directas y por excepción, comprometiendo la transparencia en las adquisiciones.
Al respecto Contreras dijo: “hay señalamientos sin fundamento que dicen que se compra el 99% en compra directa y la verdad es esta, la cual se puede comprobar con documentación”.
El saqueo
Los casos IGSS-PISA, por el cual se encuentra encarcelado el expresidente del Seguro Social, Juan de Dios Rodríguez (hombre de confianza del exmandatario Otto Pérez Molina, hoy señalado de encabezar una compleja red de saqueo al Estado) y Negociantes de la Salud, por el que enfrenta proceso penal Gustavo Alejos, exsecretario privado del exgobernante Álvaro Colom, son tan solo un ejemplo de las consideraciones de Balsells y Calderón.
También el caso de corrupción en el IGSS de Chiquimula donde se arrendó anómalamente un edificio a una empresa que presidía el exdiputado Baudilio Hichos, es una muestra de cómo los políticos han hecho del Seguro Social una fuente de recursos para su beneficio personal.
Solo en los casos IGSS-PISA, Negociantes de la Salud e IGSS Chiquimula, el Instituto habría comprometido no menos de Q118 millones de su presupuesto en manos de la corrupción.
No existe orden
Con todo, Linares, Balsells, Polls y Calderón coinciden en que estos problemas, que configuran una especie de escombros sobre los cuales se asienta el Instituto, son producto de una carencia de planificación y orden en la administración de la entidad y que por tanto, lo oportuno es abordar desde una visión integral y planificada los retos que enfrenta el Seguro Social y comenzar a sentar las bases para la superación de la crisis sin llegar a pretensiones de privatización del IGSS.
Precaria infraestructura
Mientras los recursos se hacen escasos, en parte a la corrupción, la infraestructura de los hospitales del IGSS resiente con firmeza el paso de los años, la falta de mantenimiento y el aumento en la demanda de servicios frente a los cuales ya no se dan abasto.
El hospital en Quetzaltenango, no ha podido ser inaugurado debido a que el sistema de drenajes no fue adecuado al sistema disponible en aquella ciudad.
“Un problema de planificación que no fue considerado pero que ya está siendo resuelto para que el centro comience a funcionar lo más pronto posible”, refiere Balsells.
Caso muy similar sucede en el hospital del IGSS en Izabal, donde sindicalistas denunciaron en abril pasado la carencia de varios servicios y el latente desabastecimiento de insumos, a pesar de que este centro fue recién aperturado.