Exmilitares van a juicio
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Los ocho exoficiales del ejército enfrentarán a la justicia por desaparición forzada y delitos de lesa humanidad.
Claudette Domínguez, jueza A de Mayor Riesgo, envió ayer a juicio oral y público a ocho militares retirados por el delito de desaparición forzada y delitos contra los deberes de la humanidad, ocurridos durante el conflicto armado en Guatemala (1960-1996) y ordenó la inmediata libertad de otros dos.
Domínguez aclaró que a los detenidos no se les acusó de las 535 víctimas encontradas en la antigua Zona Militar 21 de Cobán, Alta Verapaz, porque el MP hizo imputaciones individuales y solo 128 víctimas han sido identificadas.
Los imputados
El grupo de exmilitares enviados a juicio lo encabeza el exjefe del Estado Mayor General del Ejército, general de Brigada (retirado) Manuel Benedicto Lucas García, hermano del fallecido expresidente de Guatemala (1978-1982) Fernando Romeo Lucas García.
Benedicto Lucas García será juzgado por la desaparición de tres víctimas, mientras que Byron Humberto Barrientos, César Augusto Ruiz y Raúl Dehesa Oliva por dos casos; Carlos Augusto Garavito y José Antonio Vásquez García por cuatro; César Cabrera Mejía y Juan Ovalle por 23 víctimas.
La jueza ordenó liberar a Ismael Segura Abularach y a Gustavo Alonzo Rosales García, debido a la “incongruencia” de la Fiscalía sobre la fecha exacta de la desaparición de Felipe Caal López. El caso contra estos dos militares queda clausurado de forma provisional.
Detalles
Los diez militares fueron capturados el pasado 6 de enero, por su responsabilidad en supuestos delitos de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado interno, donde ahora funciona el Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de Paz (Creompaz), en Cobán, Alta Verapaz.
Este lugar, según las denuncias, “fue utilizado como centro clandestino de detenciones ilegales, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada y violaciones”.
En el denominado caso Creompaz también está implicado Luis Alberto Paredes Nájera, quien ha sido separado temporalmente de este caso debido a que, según análisis forenses, está incapacitado para enfrentar el proceso penal.