El Estado y el drama de los precaristas

El desalojo pacífico de un grupo de familias, que había ocupado terrenos baldíos en la colonia El Progreso, Amatitlán, debería poner en el ojo de la atención gubernamental el drama que viven decenas de familias carentes vivienda.

Desde hace muchas décadas, el Estado ha dejado de atender sus responsabilidades en esta materia, no obstante que el Artículo 105 de la Constitución establece que “a través de las entidades específicas, apoyará la planificación y construcción de conjuntos habitacionales”.

Dominados por la ideología neoliberal, la mayoría de gobiernos posteriores a 1986 dejaron “en manos del mercado” la solución del problema habitacional, que año con año se agrava en el país.

Y puesto que no hay planes que enfoquen integralmente la cuestión, se facilita el aparecimiento de vivales que organizan grupos de “invasores”, dando lugar a una cruel forma de lucrar con el sueño y la necesidad de vivienda.

Lo ocurrido ayer en Amatitlán parece es el caso típico de asentamientos precarios, denominados de esta forma porque carecen de los servicios básicos, pero también porque los terrenos ocupados normalmente tienen propietarios privados que acuden a los tribunales y logran órdenes judiciales de desalojo.

En el caso que comentamos, no hubo incidentes que lamentar y todo se hizo pacíficamente, con un despliegue de fuerza policial que a cualquiera asusta.

Pero vuelve a fallar el Estado, pues de acuerdo con protocolos internacionales de los cuales Guatemala es parte, no basta con desalojos pacíficos y respetuosos de la integridad de las personas, sino también debe darles opciones de reubicación.

Nada de eso ocurrió. Como la pita siempre se rompe por lo más delgado, a los precaristas no les queda más remedio que irse a otra parte, a la buena de Dios.