Desalojan a 80 familias
Ministerio Público y agentes de la PNC expulsan a los invasores.
“No tengo adonde ir a vivir, ni dinero para alquilar, no que sé qué hacer. Le pido al Presidente de la República que nos eche la mano, somos gente pobre. Viene la Policía y nos echa a la calle, qué ingratos con nosotros”, así se expresó María García Marroquín, quien acongojada abandonó los terrenos de la finca San Lorenzo, en la colonia El Progreso, en Amatitlán, donde estuvo viviendo cinco meses.
Desde las 10 de la mañana de ayer, fiscales del Ministerio Público (MP), un contingente de las Fuerzas Especiales Policiales (FEP) de la Policía Nacional Civil (PNC) y delegados de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) acudieron al lugar de la invasión, con el propósito de ejecutar la orden de desalojo contra 80 familias que desde enero pasado habían invadido los terrenos que son propiedad privada.
Las autoridades sostuvieron una reunión con los dirigentes, para entablar un diálogo y así evitar un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad, pero los invasores estaban en desacuerdo; sin embargo, minutos después cedieron al ver la gran cantidad de efectivos policiacos que habían rodeado el sitio, tras lo cual empezaron a desarmar las champas y a sacar sus pertenencias como colchones, mesas y estufas.
Tienen necesidad
“Nos sacaron a la fuerza en el mes enero de este año en el kilómetro 30, pero no teníamos adonde ir a vivir, por eso nos vimos en la necesidad de invadir este terreno baldío. Ahora que todo está plano y limpio, nos vienen a sacar. Es una lástima grande que esta gente no respete nada”, decía Flor de María Ramírez, una de las afectadas.
En tanto, Ever Ramírez manifestó: “Mire usted, solo doce familias verdaderamente teníamos necesidad de un pedazo de tierra, mientras los demás de vez cuando venían por la noche a ver sus covachas. Ahora no sé a dónde vamos ir a parar, está difícil la situación y no tenemos dinero para pagar alquiler”.
Habían invadido 400 familias
Las autoridades del Ministerio Público coordinaron las diligencias del desalojo. En un principio, habían invadido los terrenos unas 400 familias; sin embargo, ayer únicamente permanecían en el sitio 80 de ellas, quienes fueron notificadas desde el lunes anterior de la acción que se efectuaría para impedir un enfrentamiento innecesario. Las familias indicaron que tuvieron que hacer colectas de hasta Q 500 cada una, y dárselas a los “líderes”, para pagar al abogado a fin de legalizar los lotes, lo cual nunca se cumplió y perdieron el dinero.
Todo en orden
Aldy Arana, delegada de la Procuraduría de los Derechos Humanos, indicó: “Aunque hubo inconformidad entre los afectados, se les hizo ver que las autoridades cuentan con una orden judicial; mientras los agentes de la Policía rodearon el lugar sin armas de fuego, junto con los antimotines, y no hubo necesidad de utilizar la fuerza, pues los vecinos desarmaron sus covachas. Todo se hizo con toda normalidad”.