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Sin aprender las lecciones

Las advertencias no han servido de nada. Desde mucho tiempo atrás, en nuestro país la sociedad ha exigido que ya no se transporte a los presos a centros hospitalarios públicos, pues se pone en peligro la vida de otros ciudadanos. Lo ocurrido en 2015, cuando un granadazo provocó al menos un muerto y 25 heridos, fue solo el aviso. En ese entonces, los gritos sociales para impedir que eso siguiera sucediendo se escucharon por todos lados. Al parecer, sin embargo, a nadie le importó realmente.

Ayer, un grupo de delincuentes desconocidos vigiló el trayecto de una unidad del Sistema Penitenciario que trasladaba al líder de un grupo de pandilleros para que le fuera aplicada su terapia de hemodiálisis. Cuando creyeron que era el momento oportuno para el ataque, activaron sus armas y como resultado ahora hay 4 guatemaltecos muertos, incluido “el Fat”, y seis heridos.

Dos de los fallecidos son personas que nada tenían que ver con el asunto. Simples transeúntes que han dejado un vacío en sus familias, quienes, quizás, hasta ni tendrán la posibilidad inmediata de tener el sustento diario.

La violencia ha cobrado nuevas vidas. Ojalá y las autoridades lo entiendan. Se deben buscar otros mecanismos humanitarios para la atención médica de los privados de libertad, pues los guatemaltecos honrados y honestos no tienen porqué pagar las consecuencias de aquellos que, por voluntad propia, han decidido bregar por el camino del mal.

Se necesitan soluciones urgentes a los males que aquejan al país, de lo contrario, el caos y la anarquía seguirán ganando terreno ante la mirada impávida de los gobernantes de turno.

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